El Consejo de la Juventud de España y el Instituto de la Juventud presentan la segunda parte del estudio conjunto ‘Juventud en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España’
Los efectos económicos derivados de la COVID-19 han golpeado con especial virulencia a la juventud española, siendo el colectivo más perjudicado por el parón de la economía. Como reflejan los datos del informe “Juventud en riesgo”, incluso contando a las personas jóvenes acogidas a un ERTE como empleadas, la tasa de ocupación entre jóvenes ha caído hasta el 33% y se ha producido un aumento de la tasa de paro hasta el 30%.
Estos son algunos de los datos que recoge la segunda entrega del estudio ‘Juventud en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas del COVID-19 sobre la población joven en España’, elaborado con fuentes secundarias por el Consejo de la Juventud de España (CJE) y el Instituto de la Juventud (Injuve) con el objetivo de ofrecer una visión real y ajustada de los efectos económicos y sociales de la pandemia entre los y las jóvenes de nuestro país, fundamentalmente en lo relativo a un mercado laboral juvenil previamente sesgado, precario, eventual y mal remunerado.
La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una destrucción de puestos de trabajo que no se ha distribuido de manera homogénea
En el mes de junio se hacían públicos los resultados de un primer estudio que concluía que las personas jóvenes eran las que experimentaron con mayor intensidad el impacto inmediato del parón económico derivado del confinamiento. Esta segunda entrega pretende calibrar las secuelas que esta crisis sanitaria, económica y social deja en las expectativas y la incorporación laboral de la población joven.
“Las personas jóvenes se encuentran en una situación de emergencia social que exige implementar medidas para no dejar atrás a toda una generación”
Elena Ruiz Cebrián, Presidenta del Consejo de la Juventud de España
De manera global, puede afirmarse que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto una destrucción de puestos de trabajo que no se ha distribuido de manera homogénea. Con anterioridad a la crisis económica que ha acarreado la pandemia, ya se advertía que la población joven era uno de los colectivos con mayor precariedad laboral por contar con una mayor temporalidad, unos menores sueldos, una mayor parcialidad, una mayor discontinuidad y un mayor riesgo de sobrecualificación. Son los llamados “puestos de trabajo vulnerables a corto plazo”.
La crisis actual amenaza con impactar con mayor severidad en aquellos sectores no esenciales y de baja productividad tradicionalmente asociados a la empleabilidad joven con lo que, cuando finalicen los ERTE, la dinámica de despidos asociada a los contratos precarios de las personas jóvenes puede poner en peligro la empleabilidad de más de la mitad de la juventud española.
