Propuestas y preocupaciones sobre

Pobreza juvenil

La juventud es un colectivo con bajo riesgo sanitario, pero alta vulnerabilidad socioeconómica. Antes de la crisis sanitaria, la juventud ya era el colectivo de edad con mayor riesgo de pobreza y exclusión social (más de un 33% en el último año). La emancipación por debajo de los 30 años se situaba en un 18%, la más baja desde 2002, y se hacía en condiciones precarias, teniendo que llegar a invertir de media el 94% de su salario en vivienda para emanciparse en solitario (datos del Observatorio de Emancipación del CJE diciembre 2019).

La precariedad laboral juvenil, en su mayoría con contratos temporales o que pueden extinguirse de forma rápida y sin apenas costes, hace que los empleos de personas jóvenes hayan sido los más destruidos durante la crisis sanitaria. Además, la juventud participaba laboralmente de sectores ampliamente afectados por la crisis, como son el comercio o la hostelería. Los primeros datos sobre el empleo durante el estado de alarma muestran una gran caída en la afiliación, protagonizada por el sector juvenil. Estos datos alertan de las consecuencias desalentadoras que vivirá próximamente la juventud, un colectivo que aún no se había recuperado de la crisis de 2008. Las consecuencias económicas y laborales afectarán enormemente a las personas jóvenes, situándonos en un escenario de desprotección vital contra el que es necesario actuar inmediatamente.

Ingreso mínimo vital

Dados los datos de pobreza, precariedad y emancipación entre las personas jóvenes se hace imprescindible que una propuesta de Ingreso Mínimo Vital contemple un capítulo específico para la juventud.
Esta medida permitirá reducir el porcentaje de pobreza que sufrimos; ser lo suficientemente competitivos como para rechazar ofertas laborales indignas, a veces por 300€ e incluso menos, haciendo que estas tiendan a desaparecer; facilitará que las personas jóvenes terminen sus estudios con las mayores facilidades y cualificaciones para introducirse en el mundo laboral y ayudará a la inserción social y laboral de cientos de miles de jóvenes.

Implementar un ingreso mínimo para proteger a los colectivos más vulnerables. Este IMV debe extenderse a personas entre 16 y 30 años en riesgo o en situación de pobreza o exclusión social, pero también a personas con empleos o prácticas con una retribución indigna o precaria.
Debe definirse una unidad de convivencia distinta a las clásicas unidades familiares, que recoja las realidades de los hogares y familias jóvenes, pero también para las personas jóvenes que comparten piso con personas ajenas a su familias o personas cercanas.
El IMV Joven debe contar con un componente de renta de inserción para jóvenes en riesgo o situación de pobreza, así como con un plan de inserción social o laboral.
El IMV debe ser complementario a otras ayudas ya disponibles desde el Estado o las CCAA en materia de estudios, empleo o vivienda.
Esta medida debe ser accesible a toda la ciudadanía, facilitando los procedimientos de solicitud y haciendo disponible de forma suficiente la información.
El IMV Joven debe tener vocación de permanencia y ser una herramienta útil para paliar las consecuencias económicas entre la juventud de la crisis económica que está por venir.
Generar ayudas y programas de protección a las necesidades básicas (alimentación, electricidad, agua, ropa, etc.) a personas vulnerables, que sean complementarios al IMV.
Realizar estudios sobre el impacto de la crisis en personas jóvenes.
Reducir la brecha digital y garantizar el acceso a internet sobre todo en personas en situación de vulnerabilidad y en espacios rurales, con el fin de tener acceso a actividades de empleo y de formación.
Introducir un sistema de salario mínimo europeo respaldado por un conjunto de medidas económicas financiadas con fondos europeos, con el fin de compensar la gran pérdida de empleo que se producirá.
Apoyar con fondos europeos la implementación de programas de ayudas destinados a la atención de las personas más afectadas por la crisis. Aprobación de Eurobonos para garantizar la recuperación económica, financiando parte de los gastos públicos adicionales causados por la crisis sanitaria, evitando sobrecargar déficits nacionales.

Empleo

La precariedad laboral juvenil, en su mayoría con contratos temporales o que pueden extinguirse de forma rápida y sin apenas costes, hace que los contratos a personas jóvenes haya sido los más destruidos durante la crisis sanitaria. Además, la juventud participaba laboralmente de sectores ampliamente afectados por la crisis, como son el comercio o la hostelería. Los primeros datos sobre el empleo durante el estado de alarma muestran una gran caída en la afiliación joven. Las personas jóvenes no tenemos formación y conocimientos suficientes sobre funcionamiento del sistema laboral, empresas o derechos laborales. Muchas personas jóvenes son víctimas de decisiones unilaterales de las empresas (despidos sin carta de despido, adopción forzosa de vacaciones o de bajas voluntarias) y desconocen cómo proceder.

Necesidad de atender la situación de desprotección a la que se enfrentan las personas jóvenes de forma específica, que en su mayoría ocupan contratos parciales o temporales que pueden llegar a término durante el estado de alarma, sin poder acogerse a medidas como los ERTEs. En muchos casos los despidos se producen sin haber cotizado lo suficiente para poder tener una prestación por desempleo.
Establecer medidas de protección para las víctimas de despidos improcedentes y para las personas con finalización de contratos temporales, valorar opciones como la suspensión de estos contratos. Establecer ayudas dirigidas a las personas que se han visto forzadas a acabar su contrato o que este ha llegado a término durante el estado de alarma y que no tienen prestación por desempleo al no haber cotizado tiempo suficiente.
Protección a las personas que han perdido su contrato de prácticas (laborales), o las mismas han finalizado, pero ahora no tienen posibilidad de reincorporación, continuación o contratación.
Elaborar planes que cuenten con las personas jóvenes que se encuentran en búsqueda activa de empleo y que no podrán encontrarlo debido a la pandemia.
Reforzar los servicios de información en materia de empleo a través de las páginas del ministerio de Trabajo, del INJUVE, del SEPE y de todos los organismos que puedan servir de referencia para la gente joven desempleada.
Proveer a entidades privadas que jueguen un papel en esta situación (como ETTs) de los medios para que puedan ofrecer esta información, siendo esta cuestión obligada para ellas.
Apoyar la labor de los agentes sociales como los sindicatos y las asociaciones que difunden información y asesoran en materia de empleo, así como facilitar que continúen con dicha labor.
Llevar a cabo acciones de lucha contra la desinformación especialmente en lo relativo a derechos laborales.
Garantizar que no se pone en riesgo a las personas que siguen y se incorporan a su puesto de trabajo. Asegurar Equipos de Protección Individual (EPI) a todas las personas, garantizando la seguridad y protección en el puesto de trabajo en igualdad en todos los equipos al margen de quien contrate. Reforzar los servicios de inspección de trabajo para asegurar el respeto a estas medidas.
Protección adecuada a repartidores jóvenes, en especial riders, para evitar que estos vean notablemente reducido sus ingresos.
Durante el período de confinamiento se deben cubrir los gastos adicionales de suministros en casa derivados del teletrabajo, tales como la ampliación de tarifas de internet o teléfono.
Elaborar planes de reactivación de empleo juvenil y mantener y reforzar los ya existentes (Garantía Juvenil y Plan de Choque por el Empleo Joven). Buscar fórmulas de apoyo a la situación socioeconómica de las personas jóvenes desde fondos europeos.
Reforzar los sistemas de reconocimiento de competencias adquiridas a través de educación no formal y voluntariado, para que estas sean valoradas a la hora de acceder a un puesto de trabajo.
Incorporar la formación sobre derechos laborales en los sistemas de educación formal.
Aprovechar los aprendizajes de la época de confinamiento y generar ayudas y proveer de recursos para la adaptación de puestos de trabajo al teletrabajo de forma coordinada entre administraciones, sindicatos y sector empresarial (proveer de los mecanismos para el teletrabajo, tales como ordenador, internet, mobiliario acorde a PRL, etc., así como la adaptación de las actividades de trabajo)

Personas trabajadoras autónomas

Aplicar medidas de apoyo social a autónomos jóvenes en riesgo de exclusión social.
Suspensión y aplazamiento de tributos, especialmente para microempresas. En los trámites con los tributos, se alargará el plazo para pagar, recurrir o solicitar la devolución hasta unos meses concluido el estado de alarma, de forma que las personas trabajadoras autónomas hayan podido recuperar capacidad económica. Se preverá el aplazamiento del pago de todos los tributos, previa solicitud, sin intereses ni recargos durante el año 2020.
Apoyo económico a iniciativas de autónomos y microempresas con impacto social, especialmente a aquellos que a través de la innovación y la tecnología puedan contribuir en el contexto de crisis sanitaria a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y activar posibles ideas para la recuperación.
Se debe disponer de un servicio de atención a la ciudadanía mediante una ventanilla única. Un equipo de profesionales informará de forma actualizada sobre las medidas puestas en marcha por las diferentes administraciones y ofrecerá un asesoramiento adaptado a las necesidades de cada negocio, tramitando las ayudas que se ponen en marcha desde los diferentes niveles de la administración pública.
El acceso a la contratación pública en uno de los grandes desconocidos para los autónomos y microempresas. La administración debe proveer de proceso de formación para licitadores, con indicaciones sobre los pormenores del procedimiento de presentación de ofertas a la administración pública. Se debe simplificar el sistema de presentación de ofertas así como mejorar el sistema de publicidad de ofertas.

Vivienda

Establecer ayudas al alquiler a colectivos vulnerables a las que se puedan acoger personas cuyo coste de vivienda sea superior al 35% de su salario.
Agilizar la tramitación de estas ayudas lo máximo posible para que puedan llegar a las personas beneficiarias cuanto antes.
Revisar la definición de unidad de convivencia para la recepción de estas ayudas en el caso de personas jóvenes que comparten piso, ya que las relaciones entre las personas convivientes no necesariamente es de apoyo económico mutuo. En estos casos todas las retas del hogar no deben computar en el mismo cálculo.
Establecer medidas de acción positiva a familias con ambos progenitores jóvenes o familias monomarentales/parentales jóvenes, asimilándolas a las ayudas de familias numerosas.
Establecer canales de información sobre las ayudas al alquiler y cómo solicitarlas, así como campañas de información para que estas ayudas lleguen a todas las personas que las pueden necesitar.
Es necesario garantizar el derecho a la vivienda para las personas que se encuentran en situación de calle, asegurando su resguardo durante la pandemia.
Reforzar el Plan de Vivienda para garantizar que las personas jóvenes no deben invertir más del 30% de su salario en costes de vivienda, reforzando los parques de vivienda pública y estableciendo ayudas al alquiler con tramos de ayudas específicos para personas entre 16-30 años.
Establecer ayudas específicas a la emancipación que den apoyo a las personas que salen por primera vez del hogar familiar.
Eliminar requisitos de permanencia anterior en la vivienda para la solicitud de ayudas al alquiler.
Establecer un apoyo reforzado en las ayudas a los hogares jóvenes, similares a los de las familias numerosas.
Reducir las limitaciones de acceso de personas jóvenes a contratos de alquiler, tales como la solicitud de nóminas o contratos de trabajo con una determinada permanencia.
Reforzar los canales de información sobre las ayudas al alquiler disponibles y cómo solicitarlas.
Incluir la emancipación juvenil como eje de ejecución del Fondo Social Europeo Plus en España.

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